La consecuencia práctica, a los efectos defensivos, es operativa. Cuando la AEAT solicita autorización para entrar en el domicilio del obligado tributario, conviene examinar con detalle el alcance del auto judicial concedido y, en su caso, formular oposición a aquellos extremos cuya motivación específica brille por su ausencia. Durante la propia actuación, conviene además conservar traza documental rigurosa —copia del auto, acta de la entrada, identificación de los dispositivos sobre los que se ha actuado, alcance del volcado realizado, salvedades formuladas en el momento—. Esa documentación es la base de cualquier impugnación posterior, tanto por defecto de motivación del auto como por exceso en el alcance de la actuación administrativa.

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La consecuencia práctica, a los efectos defensivos, importa especialmente en procedimientos de inspección o gestión iniciados de oficio. La designación de representante no blinda al obligado tributario frente a un cómputo silencioso del plazo si la notificación cumple su función comunicativa. Conviene mantener trazabilidad de las comunicaciones recibidas en el domicilio fiscal y en el del representante, articular un protocolo interno de recepción que minimice el riesgo de que la notificación quede sin tramitar y, en su caso, formalizar la designación de representante con la mayor claridad posible para que el órgano actuante la atienda. La diferencia entre conservar el plazo de impugnación íntegro o agotarlo sin reaccionar puede depender, en la práctica, de ese protocolo interno.

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La consecuencia práctica, a los efectos defensivos, exige disciplina temporal. Cuando una sentencia del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara la inconstitucionalidad o incompatibilidad de una norma sobre la que se ha autoliquidado, conviene reaccionar dentro del plazo de prescripción de cuatro años. Las opciones disponibles son, en lo esencial, dos: solicitar la rectificación de la autoliquidación al amparo del artículo 120.3 LGT y, en su caso, articular en paralelo una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, vía que el ordenamiento mantiene abierta en supuestos tasados y con sus propios plazos. Esperar más allá del plazo de prescripción equivale, en la mayoría de los supuestos, a renunciar a la recuperación.

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